Sergio Hernández, director ejecutivo de Aprimin rechazó los acuerdos logrados en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional.
El pasado fin de semana la Comisión de Medio Ambiente votó favorablemente a una serie de acuerdos que a posteriori deberán ser discutidos por el Pleno para su aprobación, todo como parte del texto de la propuesta al plebiscito de salida de la nueva Constitución Política de Chile.
Hernández enfatizó sobre lo negativo de las propuestas y el desconocimiento de quienes las redactaron: “No cabe la menor duda, que es imposible que estas normas -así como otras que ya hemos conocido- hayan sido redactadas por abogados, y si lo son, no son especialistas en materias constitucionales. Es como si una operación al corazón la realizara un no cardiólogo, ni siquiera un médico. Eso es lo que está ocurriendo con esta Constitución. Hay errores gravísimos en la redacción que no permiten interpretaciones precisas, que es lo que las normas legales exigen”, señaló.
Para el principal representante de los proveedores de la minería chilena, los textos están llenos de imprecisiones y contradicciones por lo que su efecto en las inversiones sería importante al no garantizar seguridad en los interesados en la minería del país.
Hernández criticó las imprecisiones y la incertidumbre que esto causa en el sector: “¿Y quién va a fijar el tiempo de la autorización de explotación?: un ente regulador del Estado. Así lo acordaron, en forma genérica, sin precisarlo; además, no se establece siquiera que se otorgará una concesión, sino una “autorización” para explotar. Qué es eso sino una gran imprecisión”.
Advirtió lo riesgoso de las inversiones futuras en los términos que reflejan los acuerdos: “a ese órgano regulador le dan además la facultad de supervisar cómo se está haciendo la explotación, de fiscalizar y de ponerle término. Así, arbitrariamente, facultad de ponerle término a una inversión minera de miles de millones de dólares, sin exponer ni las causales por las cuales se le pone término ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares, que recién empiezan a producir 6, 8 o 10 años después con ese grado de inseguridad?”
El gremio minero continúa a la expectativa frente a las próximas votaciones sobre los acuerdos que finalmente llegarán al texto constitucional que definirá el rumbo político y económico del país.
