El organismo fiscalizador sostuvo que existen límites legales y órdenes judiciales que le impiden evaluar la legalidad del pacto por el litio en el Salar de Atacama. No obstante, confirmó que iniciará una auditoría para revisar procedimientos y contratos vinculados, a partir de observaciones planteadas por parlamentarios.
La Contraloría General de la República resolvió abstenerse de emitir un dictamen de fondo respecto del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio, argumentando que gran parte de los cuestionamientos ya fueron abordados por los tribunales de justicia o corresponden a materias de mérito que la ley le prohíbe calificar. La decisión quedó formalizada en un oficio firmado por la contralora Dorothy Pérez, donde se establece que el órgano de control no puede intervenir cuando existen resoluciones judiciales vigentes que delimitan su actuación.
En su análisis, la entidad recordó que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema confirmaron que Codelco cuenta con atribuciones legales para desarrollar actividades vinculadas a minerales no ferrosos, incluido el litio, así como para constituir filiales. Asimismo, citó fallos de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que validaron el rol de Corfo en el encargo a Codelco para negociar el acuerdo y descartaron la obligación de realizar una licitación pública, considerando el marco normativo especial y los contratos preexistentes en el Salar de Atacama. En materia de consulta indígena, la Contraloría también se remitió a decisiones judiciales que consideraron ajustado a derecho el proceso llevado adelante.
Pese a cerrar la puerta a un pronunciamiento jurídico, la Contraloría anunció el inicio de una auditoría formal. Según el oficio, se revisarán antecedentes aportados por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, incluyendo contratos de asesoría, como el suscrito con Morgan Stanley, y otras operaciones asociadas al acuerdo. De este modo, el organismo activa sus facultades fiscalizadoras para examinar la regularidad de los procedimientos y el uso de recursos públicos, manteniéndose presente en un debate que sigue marcando la discusión sobre la gobernanza del litio en Chile.
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